El equilibrio fiscal es necesario para ordenar la economía. Pero cuando ese objetivo inmoviliza recursos destinados al sistema vial mientras las rutas se deterioran, el problema deja de ser contable. El ajuste también puede convertirse en una forma de descapitalizar al país, comprometer su infraestructura productiva y aumentar los riesgos para quienes circulan todos los días.
Desde enero de 2024 hasta mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó 1.503.252 millones de pesos y aplicó 394.406 millones de pesos a obras viales. Al cierre de mayo mantenía 1.001.018 millones de pesos en inversiones financieras, entre títulos públicos y plazos fijos. La subejecución acumulada fue del 73,8%.
La normativa permite invertir transitoriamente recursos líquidos en títulos públicos o depósitos a plazo fijo. El cuestionamiento no pasa por la existencia de esas colocaciones en sí mismas, sino por su magnitud frente a necesidades concretas de mantenimiento. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía» para contribuir al equilibrio fiscal.
Ahorrar hoy y pagar mucho más mañana
Una ruta deteriorada encarece el transporte, aumenta tiempos logísticos, multiplica roturas y condiciona inversiones. Postergar infraestructura indispensable para sostener el superávit puede terminar generando un costo económico mayor que el ahorro que se pretende mostrar.
Santa Fe expone esa contradicción con especial crudeza. El Gran Rosario fue en 2025 el principal nodo portuario agroexportador del mundo y despachó 75,7 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Sus terminales representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes. Las rutas que hoy reclaman mantenimiento sostienen una parte decisiva de la generación de divisas de la Argentina.
A esa presión logística se suma el Decreto 689/2026, que amplió las configuraciones habilitadas para el transporte de cargas. La norma contempla bitrenes de hasta 75 toneladas y longitudes que, en determinadas configuraciones, pueden alcanzar los 31,25 metros. Modernizar el transporte puede mejorar la eficiencia, pero hacerlo sobre corredores deteriorados significa exigir todavía más a una infraestructura que ya muestra fallas graves.
El deterioro ya llegó a la Justicia
El 8 de agosto, la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó la reparación integral de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López. El fallo consideró acreditado el grave deterioro de las calzadas y sostuvo que la responsabilidad del Estado nacional continúa aun cuando los corredores sean concesionados. La falta de mantenimiento ya derivó en una sentencia que exige una solución estructural.
También la Ruta Nacional A012 terminó bajo administración santafesina. El 22 de julio, Nación delegó por 20 años su gestión integral a la Provincia, que asumió con recursos propios el financiamiento de las obras, la conservación y el mantenimiento. Las reparaciones comenzaron al día siguiente. Santa Fe terminó financiando la recuperación de un corredor nacional estratégico para el acceso a su propio complejo portuario.
La seguridad vial vuelve todavía más difícil separar la discusión fiscal de sus consecuencias. Datos difundidos durante 2026 mostraron una tasa de mortalidad de 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros en rutas nacionales santafesinas, frente a 0,2 en rutas provinciales. El estado de una ruta no explica por sí solo cada siniestro, pero una infraestructura deficiente aumenta riesgos que el Estado tiene la obligación de reducir.
El equilibrio fiscal no puede hipotecar el futuro
Argentina necesita cuentas ordenadas, controles y eficiencia. También necesita rutas transitables, puentes seguros, autovías y autopistas capaces de acompañar la producción. Lo contrario es una austeridad incompleta: cerrar una cuenta mientras se deteriora el activo que permite producir, exportar y crecer.
Existe además una denuncia penal para que la Justicia determine si el manejo de los fondos del SisVial pudo configurar malversación de caudales públicos u otros delitos. Esa responsabilidad no puede darse por probada antes de una sentencia. Pero políticamente la pregunta ya es inevitable: ¿puede llamarse eficiencia a retener recursos viales mientras los corredores se degradan y los tribunales ordenan repararlos?
El Gobierno de Javier Milei hizo del equilibrio fiscal uno de los pilares de su gestión. El objetivo puede ser legítimo. Lo que no resulta razonable es alcanzarlo debilitando la infraestructura que sostiene la economía real. Si para mostrar superávit se posterga el mantenimiento de las rutas, el país no está ahorrando: está trasladando una deuda mucho más cara hacia el futuro.
