Un edificio de 27 departamentos que fue decomisado por la Justicia en Rosario podría convertirse en la primera experiencia de alquiler social de la ciudad. La iniciativa presentada en el Concejo Municipal propone que la Provincia ceda el inmueble de Buenos Aires 1063 al municipio para implementar allí un programa destinado a personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda formal.
El proyecto es impulsado por el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, y plantea crear un Régimen de Alquiler Social bajo la órbita del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat. La propuesta contempla contratos formales y busca que el costo del alquiler no supere el 30% de los ingresos del hogar.
La iniciativa adquirió especial relevancia por el destino que hasta ahora tenía previsto el edificio. La Provincia tomó posesión del inmueble el 5 de agosto, luego de que fuera decomisado por orden judicial en una causa por estafa inmobiliaria vinculada al empresario Leandro Pérez. El Gobierno santafesino había anunciado que los departamentos serían acondicionados para incorporarlos a una futura subasta pública.
De una causa judicial a una posible política habitacional
El inmueble está compuesto por tres pisos y 27 unidades funcionales. De acuerdo con la información oficial, antes de la toma de posesión provincial los ocupantes habían sido notificados para restituir la propiedad y posteriormente se reiteró la intimación debido a que continuaban algunas ocupaciones e incluso se habían concretado nuevos alquileres.
Durante el procedimiento también se detectó que algunas personas habían ingresado durante la noche tras forzar accesos. Finalizadas las actuaciones, el edificio pasó a integrar el patrimonio del Estado provincial como bien recuperado del delito y se informó que sería puesto en condiciones para una subasta proyectada para marzo o abril de 2027 en Rosario.
El proyecto de Caruana propone modificar ese recorrido y mantener el inmueble dentro de la órbita pública, pero con una finalidad habitacional. Para ello, otro de los expedientes presentados encomienda al Ejecutivo municipal gestionar ante el Gobierno provincial la cesión de Buenos Aires 1063. Ambas iniciativas permanecen en estudio en el Concejo.
“Combinemos la necesidad con una oportunidad y hagamos una prueba piloto”, planteó Caruana al explicar el objetivo. La propuesta prevé que quienes resulten beneficiarios accedan mediante contratos regulados por el Estado, con derechos y obligaciones y valores que podrían ubicarse por debajo de los precios del mercado.
Una experiencia inicial con alcance limitado
El concejal reconoció que la cantidad de unidades disponibles resulta reducida frente a las necesidades habitacionales existentes en Rosario. “27 departamentos, con la gran demanda que nosotros tenemos, es cortísimo”, afirmó, aunque sostuvo que la experiencia permitiría evaluar el funcionamiento del sistema antes de analizar una eventual ampliación.
El régimen apunta a facilitar el acceso a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, promover el uso de inmuebles ociosos, decomisados, vacantes o subutilizados. La definición de los criterios de prioridad quedaría para una instancia posterior y podría considerar situaciones vinculadas con discapacidad, problemas de salud, riesgo de desalojo u otras necesidades habitacionales transitorias.
Caruana remarcó además que el modelo no consiste en entregar dinero directamente para afrontar alquileres privados. “No queremos que esto sea un plan de una dádiva y de transferencia de dinero a las personas para que alquilen”, explicó. El esquema propuesto se basa en contratos, garantías y condiciones previamente determinadas por el Estado.
El futuro del edificio todavía está abierto
La propuesta contempla también convocar a universidades y organizaciones vinculadas con la problemática habitacional para trabajar en el diseño del régimen y en los criterios de acceso. El Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat sería la autoridad de aplicación si la ordenanza finalmente obtiene aprobación.
También quedarán por resolver el estado definitivo de cada departamento, las obras de acondicionamiento necesarias y el esquema para afrontar los gastos de mantenimiento. La Provincia había anticipado que realizaría mejoras antes de llevar el inmueble a subasta, pero esa decisión podría cambiar si prospera la solicitud de cesión impulsada desde el Concejo.
Por ahora, el punto central de la discusión es qué destino tendrá un bien que ya fue recuperado por el Estado: avanzar con su venta mediante subasta pública o utilizarlo como experiencia piloto de una política de alquiler social. Los dos proyectos permanecen en estudio y requieren nuevas definiciones antes de que el programa pueda ponerse en marcha.
