El inmueble está ubicado en pleno centro de la ciudad y fue decomisado por orden judicial en una causa por estafa inmobiliaria. Tras tomar posesión, el Gobierno santafesino prevé acondicionarlo para incorporarlo a una próxima subasta pública.
El Gobierno de Santa Fe tomó posesión de un edificio de 27 departamentos ubicado en Buenos Aires al 1063, en Rosario, que había sido decomisado por orden judicial en el marco de una investigación por estafa inmobiliaria. El inmueble está vinculado al empresario Leandro Pérez y ahora quedó bajo control del Estado provincial.
La medida se concretó luego de que las autoridades notificaran con anticipación a quienes ocupaban las unidades para que restituyeran la propiedad. Según explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, la intimación había sido realizada aproximadamente un mes antes y posteriormente reiterada debido a que continuaban registrándose ocupaciones.
Durante el procedimiento, además, se constató que un grupo de personas había ingresado al edificio durante la noche tras forzar los accesos, con la intención de instalarse en algunas de las unidades. También se había detectado que, pese a las intimaciones, se continuaban realizando nuevos alquileres.
El edificio será preparado para una subasta
Con la toma de posesión ya concretada, la Provincia realizará ahora un relevamiento general del inmueble y avanzará con las tareas necesarias para ponerlo en condiciones.
La intención oficial es que los 27 departamentos sean incorporados a una futura subasta pública prevista para marzo o abril de 2027 en Rosario, aunque previamente deberán completarse los procedimientos administrativos y de acondicionamiento correspondientes.
“Venimos a recuperar un bien que la Justicia determinó que proviene de una actividad delictiva y que, a partir de ahora, pasará a formar parte del patrimonio del Estado”, explicó Figueroa Escauriza durante el operativo.
Recuperar el patrimonio proveniente del delito
El procedimiento forma parte de la política provincial orientada al decomiso y recuperación de activos vinculados a causas penales. En los últimos meses, Santa Fe avanzó con medidas similares sobre propiedades y otros bienes cuya procedencia fue determinada judicialmente como vinculada a actividades ilícitas.
En mayo, por ejemplo, la Provincia había tomado posesión de otro inmueble de Rosario decomisado en una causa por enriquecimiento ilícito contra el excomisario Osvaldo Raúl Bejarán, cuya condena quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, señaló que este tipo de procedimientos busca impedir que los bienes provenientes del delito continúen produciendo beneficios económicos para sus antiguos propietarios.
“Lo importante es que esos bienes ya no generan ganancias para quienes cometieron delitos. Ahora pasan al Estado y podrán ser reutilizados en beneficio de toda la sociedad”, afirmó.
