El Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron el derribo de un inmueble de Moreno 3926 que era utilizado exclusivamente para la venta de drogas. Con esta intervención, ya son 132 los puntos desactivados en toda la provincia durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este miércoles el derribo de un inmueble utilizado como punto de venta de drogas en Moreno 3926, en la ciudad de Rosario.
La intervención elevó a 77 la cantidad de búnkeres inactivados en la ciudad y a 132 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El procedimiento forma parte de la política que la Provincia desarrolla desde principios de 2024 junto con el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.
El objetivo es impedir que los inmuebles investigados continúen funcionando como puntos de comercialización de estupefacientes y desarticular espacios vinculados con la violencia asociada al narcomenudeo.
Un punto de venta que no funcionaba como vivienda
El fiscal César Cabrera explicó que el procedimiento surgió de una investigación focalizada en los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, dos sectores de Rosario que históricamente registraron altos niveles de violencia y una fuerte incidencia de la venta de drogas.
Según precisó, la propiedad de Moreno al 3900 no era utilizada como vivienda, sino exclusivamente para la comercialización de estupefacientes.
El fiscal remarcó que las detenciones no siempre resultan suficientes para evitar que estos lugares vuelvan a ser ocupados por otras personas vinculadas con la actividad ilegal.
“Las detenciones forman parte de la investigación, pero si no se produce el derribo del lugar, cíclicamente volverá a abrirse con nuevas personas que pueden ser reemplazables”, señaló Cabrera.
La inactivación apunta a impedir que el espacio vuelva a ser utilizado y a cortar una dinámica que, de acuerdo con las investigaciones, puede repetirse aun cuando las personas inicialmente involucradas sean detenidas.
Violencia y conflictos en el barrio
El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, sostuvo que la decisión de disponer el cese del estado antijurídico y el derribo permitió poner fin a una situación que afectaba directamente a los vecinos.
El funcionario explicó que en el lugar se habían registrado episodios de violencia, un incendio y reiterados conflictos que alteraban la convivencia en el sector.
Pereira afirmó que este tipo de intervenciones también busca reducir los hechos violentos que suelen producirse alrededor de los puntos de venta de drogas.
“Se nota una disminución de la violencia, que es el objetivo final que establece la Ley de Microtráfico”, aseguró.
Evitar nuevas disputas por el lugar
Cabrera explicó que los inmuebles utilizados para el narcomenudeo pueden convertirse en focos de disputa entre organizaciones criminales cuando quedan abandonados o momentáneamente desocupados.
La demolición busca evitar que la propiedad vuelva a ser utilizada por nuevos ocupantes y que se transforme nuevamente en un punto de comercialización o de enfrentamiento territorial.
“Lo que buscamos es derribar el punto, que también es el punto de conflicto”, concluyó el fiscal.
La política de inactivación se sostiene mediante el trabajo coordinado entre los organismos provinciales, judiciales y municipales que intervienen en las investigaciones. Además de avanzar sobre las responsabilidades penales, la estrategia procura inutilizar los espacios físicos desde los cuales se desarrollaba la venta minorista de drogas.
