Rosario continúa descargando cientos de millones de litros de líquidos cloacales al río Paraná sin tratamiento completo. El proyecto presentado por Aguas Santafesinas ante Nación en 2023 contemplaba una inversión que hoy equivaldría a unos 78.000 millones de pesos y permitiría tratar cerca del 40% de los efluentes que llegan al río desde el Emisario Sur. Sin embargo, nunca avanzó hacia su ejecución y quedó envuelto en la reestructuración de los organismos nacionales de financiamiento. La situación se complejizó tras un fallo de la Justicia Federal que ordenó impulsar obras para tratar los efluentes cloacales que se vuelcan al Paraná.
El proyecto que esperaba financiamiento nacional
En septiembre de 2023, ASSA presentó ante Nación una propuesta para construir una planta depuradora destinada a reducir el impacto ambiental de los líquidos cloacales descargados al Paraná desde el sur de Rosario. El plan contemplaba obras de separación de efluentes, estaciones de bombeo, infraestructura de conducción y un sistema de tratamiento previo al vuelco final al río.
Según la documentación difundida entonces, la iniciativa beneficiaría a unos 287 mil habitantes y tendría proyección para abastecer a más de 356 mil personas hacia 2050.
La inversión estimada ascendía a 11.800 millones de pesos a valores de junio de 2023. Actualizada por inflación, esa cifra equivaldría actualmente a alrededor de 78.000 millones de pesos.
Para concretarse, el proyecto requería la aprobación y el financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que analizaba y financiaba este tipo de infraestructura estratégica.
Estación depuradora de aguas en Puerto General San Martín.
El cambio de escenario
La llegada de Javier Milei a la Presidencia modificó el esquema de obra pública nacional.
A fines de 2024, el Gobierno nacional dispuso la disolución del ENOHSA como parte de su política de reducción de estructuras estatales y reorganización administrativa. Desde entonces no hubo anuncios públicos sobre la continuidad del proyecto presentado por ASSA para Rosario.
La consecuencia práctica es que una de las principales obras de saneamiento proyectadas para la ciudad quedó sin definiciones concretas sobre financiamiento, licitación o plazos de ejecución.
Cuando intervino la Justicia Federal
Mientras la planta proyectada sigue sin avances concretos, la problemática avanzó por otra vía: los tribunales.
En diciembre de 2024, la jueza federal Sylvia Aramberri hizo lugar a una demanda ambiental impulsada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y ordenó a Aguas Santafesinas, a la Provincia de Santa Fe y al Estado nacional que impulsen las obras necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de los efluentes cloacales que se descargan desde el Emisario Sur al río Paraná.
El fallo reconoció la existencia de un problema ambiental de larga data y exigió medidas concretas para corregirlo. En uno de sus puntos centrales, la magistrada ordenó a los organismos responsables arbitrar las acciones necesarias para concretar las obras de saneamiento y estableció la obligación de presentar informes semestrales sobre los avances administrativos y las obras ejecutadas.
Hasta que una solución estructural sea concretada, la resolución dispuso controles estrictos sobre los efluentes descargados por camiones atmosféricos en Ayolas y Circunvalación.
La jueza ordenó reforzar los controles sobre los efluentes recibidos, incluyendo verificaciones de color, olor, pH y temperatura, además de análisis periódicos de parámetros específicos como hidrocarburos, cromo, cianuros, sólidos sedimentables y demanda química de oxígeno, entre otros indicadores ambientales.
Asimismo, dispuso que se exija a los transportistas la documentación correspondiente para cada descarga y que se rechacen aquellos efluentes que no cumplan con los parámetros establecidos por la normativa vigente.
La resolución judicial colocó a la planta depuradora en el centro de la discusión, porque se trata justamente de la obra que permitiría comenzar a reducir de manera significativa los líquidos cloacales descargados sin tratamiento.
Una obra necesaria, pero sin fecha
Tras la sentencia, la organización ambiental que impulsó el amparo reclamó incluso que la Justicia establezca un plazo concreto para ejecutar la planta.
Los abogados de la Asociación Cuenca Río Paraná solicitaron que la obra tenga como horizonte el año 2030 y que existan informes periódicos de avance, argumentando que una orden judicial sin fechas concretas corre el riesgo de transformarse en una obligación difícil de exigir.
La preocupación no es menor. Distintos estudios incorporados al expediente mencionan riesgos ambientales asociados a los vertidos cloacales, incluyendo presencia de metales pesados, bacterias y contaminantes emergentes detectados en el ecosistema acuático.
El debate volvió a escena en 2024
Durante 2024, distintos episodios volvieron a poner el foco sobre la calidad ambiental del río Paraná y los vertidos que llegan a sus aguas. Por un lado, pescadores denunciaron la aparición de cientos de peces muertos en la zona de El Mangrullo, un hecho que derivó en investigaciones y análisis presentados posteriormente ante la Justicia. Por otro, imágenes registradas en Puerto Norte mostraron cardúmenes alimentándose en las inmediaciones de una descarga cloacal que desemboca en el río, en un contexto marcado por la bajante.
En medio de esos episodios, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, reconoció que «el tema de los efluentes es uno de los más preocupantes» y remarcó la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para el tratamiento de los residuos cloacales. Los casos reactivaron el debate sobre los vertidos urbanos que llegan al Paraná y volvieron a poner en escena la discusión sobre la planta depuradora proyectada para Rosario.
El interrogante que sigue abierto
La paradoja es evidente: Rosario cuenta desde 2023 con un proyecto técnico desarrollado para comenzar a tratar parte de los efluentes que llegan al Paraná, pero casi tres años después la obra sigue sin avances visibles.
Al mismo tiempo, existe una sentencia federal que obliga a realizar obras de saneamiento y una causa judicial que mantiene bajo observación la problemática ambiental vinculada a los vertidos cloacales.
Mientras tanto, los líquidos continúan llegando al río todos los días.
La discusión ya no gira únicamente sobre si Rosario necesita una planta depuradora. La pregunta que empieza a tomar fuerza es otra: quién la va a financiar, cuándo se ejecutará y qué ocurrirá si la orden judicial sigue sin traducirse en obras concretas.
