Más de 200 personas participaron este martes de una asamblea multisectorial en Santa Isabel, donde vecinos, productores, entidades y dirigentes políticos rechazaron cualquier iniciativa que habilite la compra libre e ilimitada de tierras argentinas por capitales extranjeros. El encuentro fue convocado por el Gobierno local ante el debate nacional en torno a la legislación que regula la propiedad rural.
La reunión se desarrolló en el Complejo Cultural Centenario y contó con asistentes provenientes de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Participaron vecinos, entidades ruralistas, cooperativas, trabajadores de la tierra, transportistas, productores, intendentes y legisladores nacionales.
La asamblea había sido convocada días atrás por la gestión del presidente comunal Pablo Giorgis con el propósito de analizar las posibles consecuencias que podrían tener para las localidades del interior los cambios en la normativa sobre tierras rurales.
Tras el debate, los participantes fijaron una posición conjunta y expresaron su rechazo a una eventual flexibilización de los límites para la adquisición de tierras por extranjeros, al considerar que podría afectar la producción, la soberanía alimentaria y el arraigo de las comunidades rurales.
Producción, soberanía alimentaria y arraigo
El documento surgido de la asamblea planteó tres ejes centrales. En materia productiva, los participantes advirtieron que una mayor extranjerización podría perjudicar a pequeños y medianos productores que sostienen parte de la actividad económica de las localidades del interior.
El segundo punto estuvo relacionado con la soberanía alimentaria. Según la postura expresada durante el encuentro, el control sobre la tierra está directamente vinculado con la producción de alimentos y con las decisiones acerca de qué se produce y bajo qué condiciones.
La tercera preocupación se concentró en el arraigo de las comunidades rurales. Los participantes sostuvieron que el acceso y la permanencia sobre la tierra constituyen un factor determinante para la continuidad de las familias y las nuevas generaciones en las localidades del interior.
En ese sentido, desde la asamblea afirmaron: «Desde Santa Isabel defendemos que la tierra es de quienes la trabajan. Es el motor de nuestras economías regionales, de las cooperativas, de las pymes del campo y de todo el entramado productivo que sostiene a la región».
Reclamo a representantes santafesinos
El documento también dirigió un pedido concreto a los representantes políticos de Santa Fe para que expresen públicamente su posición frente a los cambios que puedan introducirse en la legislación nacional.
La asamblea instó especialmente a los senadores nacionales por Santa Fe Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski, además del gobernador Maximiliano Pullaro, a que se pronuncien de manera clara sobre cualquier modificación vinculada con la propiedad extranjera de tierras.
Los participantes reclamaron, además, que eventuales cambios en la normativa prioricen al productor nacional y a las economías del interior productivo y rural, junto con la protección del suelo argentino.
Actualmente existen iniciativas legislativas vinculadas con la Ley Nº 26.737 en el Congreso Nacional. Entre ellas, en Diputados tramita un proyecto presentado el 3 de julio que propone modificaciones a los límites de adquisición de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras. También existen iniciativas sobre la misma normativa en el Senado.
La Ley Nº 26.737, sancionada en diciembre de 2011, estableció el régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y fijó restricciones para su adquisición por parte de extranjeros.
Movilización ante el debate nacional
Durante el encuentro se planteó también la necesidad de trasladar la posición expresada en Santa Isabel al ámbito nacional. La asamblea propuso movilizarse el próximo 6 de agosto para visibilizar el rechazo a la flexibilización de la normativa y llevar al Congreso la postura de sectores del interior santafesino.
La convocatoria de este martes dio continuidad al planteo formulado previamente por el Gobierno de Santa Isabel, que había llamado a una reunión abierta para discutir las implicancias que los cambios sobre el régimen de tierras rurales podrían tener sobre las comunidades y el entramado productivo regional.
El documento acordado al finalizar la asamblea sintetizó la posición de los participantes con un llamado a la organización de las comunidades del interior: «Los pueblos unidos y con conciencia de sí son los únicos capaces de garantizar un destino común y solidario. Cuidar a nuestro suelo es cuidar a nuestra bandera y a nuestra gente».
