El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, destacó que la Ley de Microtráfico permitió profundizar la lucha contra el narcomenudeo y fortalecer la presencia del Estado en los territorios donde operan organizaciones criminales.
El Gobierno de Santa Fe informó que durante mayo se concretaron 498 allanamientos y requisas en distintos puntos de la provincia, en el marco de investigaciones vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos complejos. Los procedimientos permitieron secuestrar más de 125 kilos de droga, además de armas, vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Los resultados fueron presentados este lunes por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, quien destacó el trabajo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y atribuyó parte de los avances a la implementación de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Según datos del Departamento de Control de Gestión, los operativos permitieron secuestrar 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos relacionados con distintas causas judiciales.
En materia de narcocriminalidad, las fuerzas de seguridad incautaron 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, además de plantas de cannabis. También fueron secuestrados más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares, montos que estarían vinculados a actividades ilícitas según las investigaciones en curso.
Fuerte despliegue operativo en toda la provincia
Los procedimientos se desarrollaron en las cinco regiones santafesinas y reflejan una intensa actividad investigativa de la PDI.
En ese contexto, Angelini señaló que en la ciudad de Santa Fe se realizaron 57 allanamientos, mientras que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos, consolidando la presencia territorial de la fuerza especializada.
“Estos allanamientos son la etapa final de un trabajo muy profesional que viene llevando adelante la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía”, afirmó el funcionario.
Además, destacó que cada procedimiento es el resultado de una tarea previa de inteligencia criminal y recolección de pruebas. “Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia”, sostuvo.
Para Angelini, la estrategia apunta a debilitar progresivamente las estructuras delictivas. “Cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos”, aseguró.
La Ley de Microtráfico, una herramienta clave
El funcionario remarcó que la implementación de la Ley de Microtráfico marcó un cambio importante en la estrategia provincial contra el narcomenudeo.
“La Ley de Microtráfico ha sido una de las herramientas más importantes en los resultados que estamos obteniendo en estos dos años y medio de gestión”, afirmó.
Según explicó, la normativa permitió que la provincia asuma un papel más activo en la persecución de delitos vinculados a la venta minorista de drogas, una actividad que suele estar asociada a disputas territoriales entre bandas criminales.
“Las bandas buscan dominar territorios para incrementar su capacidad de venta de droga y eso genera violencia lesiva. Por eso estos allanamientos representan golpes importantes contra esas organizaciones”, señaló.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es evitar que las organizaciones criminales recuperen capacidad operativa. “No podemos darles ni un milímetro de margen para que se recuperen y vuelva la violencia a Rosario”, enfatizó.
Investigación permanente y control en las cárceles
Angelini también destacó la necesidad de sostener una política constante de investigación criminal para anticiparse a las nuevas modalidades del delito y evitar la recomposición de las estructuras narco.
Asimismo, valoró el trabajo realizado por el Servicio Penitenciario para limitar la capacidad de los jefes de organizaciones criminales de continuar operando desde prisión.
“Hoy los líderes de las organizaciones criminales tienen cada vez menos posibilidades de impartir órdenes desde las cárceles”, afirmó.
Finalmente, subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere una presencia permanente del Estado. “La lucha contra el crimen organizado exige un trabajo permanente, con investigación, inteligencia criminal y presencia en el territorio”, concluyó.
