El concejal Mariano Romero comparó la evolución de la tarifa con salarios e inflación y vinculó el nuevo aumento con el proyecto municipal para regular las plataformas de transporte.
El concejal rosarino, presidente del bloque Peronista, cuestionó el nuevo aumento del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros y vinculó la política tarifaria de la Municipalidad con el proyecto enviado al Concejo para regular el funcionamiento de Uber, DiDi y otras plataformas digitales. El planteo fue difundido a través de X, acompañado por una serie de gráficos en los que comparó la evolución del boleto con la inflación, los salarios y el costo técnico del sistema. Romero integra además la comisión de Servicios Públicos del Concejo.
Desde este lunes 5 de octubre, la tarifa básica pasará de 1.720 a 2.150 pesos, lo que representa un incremento del 25%. La actualización fue establecida mediante la Resolución Nº 334/2026 y será la segunda modificación del boleto durante este año, luego del aumento aplicado en febrero.
La comparación con salarios e inflación
“Cuando Milei y Pullaro asumieron sus cargos y Javkin empezaba el segundo mandato, estaba 185 pesos”, señaló Romero al tomar como referencia el valor del boleto de diciembre de 2023. Desde entonces, la tarifa básica pasó de 185 a 2.150 pesos, es decir que se multiplicó por más de once en términos nominales.
En las placas publicadas por el edil, tomando octubre de 2023 como base 100, el índice correspondiente al precio del boleto llega a 1.162,16 en octubre de 2026, mientras que el IPC se ubica en 386,54, el salario promedio medido por RIPTE en 350,40 y el costo técnico del sistema en 295,76. Sobre esa comparación, Romero sostuvo que la tarifa avanzó muy por encima tanto de la inflación como de los ingresos y de los costos operativos.
El concejal también llevó la comparación hasta diciembre de 2019. Según los cálculos que difundió, en aquel momento un salario mínimo permitía adquirir el equivalente a 519 boletos mensuales, mientras que actualmente alcanzaría para 181, lo que implicaría una caída del poder de compra del 65,1% medido en viajes. En el caso del salario promedio, estimó una reducción de 1.525 a 905 boletos mensuales.
Romero atribuyó parte de esta evolución a la política nacional de subsidios y cuestionó la respuesta de la administración municipal. El Gobierno nacional eliminó en febrero de 2024 el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior y mantuvo un esquema de asistencia directa a usuarios alcanzados por la Tarifa Social Federal, decisión que trasladó una mayor responsabilidad de financiamiento a provincias y municipios.
El debate por Uber y DiDi
El cuestionamiento del edil se produjo además en momentos en que comienza a discutirse el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo municipal para regular las plataformas digitales de transporte. La iniciativa ingresó al Concejo el jueves y propone incorporar formalmente a Uber, DiDi y otros prestadores privados al esquema regulatorio de la ciudad, con exigencias para empresas, conductores y vehículos. Entre otros requisitos, establece licencia profesional, revisión técnica vigente, seguro específico y registro municipal.
Uno de los puntos sobre los que Romero centró sus críticas es el artículo que establece que los viajes contratados mediante plataformas deberán tener una tarifa mínima que no podrá ser inferior al valor del boleto del transporte urbano. Con la tarifa que comenzará a regir este lunes, ese piso sería actualmente de 2.150 pesos. La disposición no fija el precio final de cada viaje ni establece que todos deban costar ese monto: determina únicamente el valor mínimo desde el cual las aplicaciones podrán calcular sus tarifas.
Romero sostuvo que la coincidencia entre el nuevo aumento y el proyecto revela una orientación más amplia de la política de movilidad municipal. “El sistema de transporte es insostenible”, afirmó, y planteó que una parte significativa de la demanda se sostiene mediante el Boleto Educativo Gratuito, la Tarifa Social SUBE y otras franquicias. A partir de allí, consideró que el encarecimiento del colectivo favorece el crecimiento de alternativas de traslado mediante aplicaciones.
También rechazó el modelo propuesto para regularlas y sostuvo que legalizar estos servicios implica, desde su perspectiva, “darle un marco normativo al trabajo en negro y la competencia desleal”. Se trata de una valoración política del concejal: el proyecto del Ejecutivo, que todavía debe ser debatido por el Concejo, contempla precisamente la incorporación de conductores y vehículos a un régimen de inscripción, requisitos técnicos, seguros y fiscalización municipal.
El planteo concluyó con una crítica conjunta a las administraciones de Javier Milei, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, a las que Romero ubicó dentro de una misma discusión sobre el papel del Estado y la organización de servicios estratégicos. De esta manera, el aumento del boleto y la regulación de las aplicaciones anticipan un nuevo frente de debate político en el Concejo, donde el proyecto de movilidad deberá atravesar ahora el tratamiento legislativo.
