La ordenanza impulsada por Anahí Schibelbein y acompañada por Norma López obliga a informar cuánto aportan Nación, Provincia, Municipio y los propios usuarios para sostener el transporte urbano.
Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Rosario podrán conocer próximamente cuánto cuesta realmente sostener el sistema de colectivos y qué porcentaje de ese valor es cubierto por subsidios estatales. El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que obliga a exhibir de manera pública, clara y actualizada la composición del financiamiento de la tarifa vigente.
La iniciativa fue presentada por la concejala Anahí Schibelbein y contó con el acompañamiento de Norma López. La norma busca garantizar el acceso a información que hasta ahora permanecía dispersa en informes técnicos o administrativos, permitiendo que los pasajeros conozcan de dónde provienen los recursos que sostienen el servicio.
La ordenanza establece que deberá informarse de manera detallada cuánto aporta cada nivel del Estado y cuánto corresponde al dinero que efectivamente pagan los usuarios a través del boleto.
Qué información deberá exhibirse
De acuerdo con el texto aprobado, el desglose del financiamiento tendrá que expresar la composición porcentual y nominal del costo del servicio, discriminando los aportes provenientes del Estado nacional, del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Rosario.
También deberán informarse los ingresos tarifarios abonados directamente por los pasajeros y cualquier otra fuente de financiamiento vinculada al sistema.
El objetivo es que cada usuario pueda comprender con claridad cuál es el costo real del transporte y qué participación tienen los distintos actores que contribuyen a sostenerlo.
Datos visibles en colectivos, paradas y canales digitales
La información no quedará limitada a publicaciones oficiales o documentos técnicos. La nueva normativa obliga a exhibir los datos dentro de todas las unidades del Transporte Urbano de Pasajeros, mediante pantallas digitales, cartelería fija o sistemas audiovisuales ya existentes.
Además, deberá estar disponible en terminales, centros de transferencia y paradas estratégicas de la ciudad, así como en los canales digitales oficiales del sistema de transporte.
El formato deberá ser sencillo, sintético y de fácil interpretación para cualquier ciudadano, independientemente de sus conocimientos técnicos.
Transparencia sobre el verdadero costo del sistema
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que el transporte público constituye un servicio esencial para garantizar el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vida social de miles de rosarinos.
La iniciativa remarca que el sostenimiento económico del sistema no depende exclusivamente del valor del boleto, sino de una estructura compleja de financiamiento integrada por recursos tarifarios y aportes estatales.
Según argumentan las autoras, muchos usuarios conocen únicamente el precio final que pagan al subir al colectivo, pero desconocen cuál es el costo total del servicio y qué porcentaje es cubierto mediante subsidios o compensaciones públicas.
Por ese motivo, la ordenanza busca brindar herramientas que permitan comprender mejor el funcionamiento económico del sistema y fortalecer el control ciudadano sobre un servicio financiado, en parte, con recursos provenientes de los impuestos.
El debate por los subsidios al interior del país
El proyecto también incorpora referencias al contexto actual del transporte urbano en las ciudades del interior. Entre los considerandos se menciona el impacto de los aumentos en el precio de los combustibles y la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país, medida que redujo las transferencias nacionales destinadas al sostenimiento de los sistemas locales.
En ese marco, se señala que continúan existiendo mecanismos de subsidios directos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), situación que genera fuertes diferencias en la distribución de recursos y repercute tanto en la tarifa como en la sustentabilidad económica del transporte en ciudades como Rosario.
Las concejalas sostienen que transparentar esta información permitirá dimensionar con mayor precisión el esfuerzo económico que realizan los distintos niveles del Estado para sostener el servicio y aportar elementos objetivos al debate público sobre subsidios y política tarifaria.
Plazo de implementación
La ordenanza encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración de un formato estandarizado de exhibición basado en criterios de transparencia, accesibilidad y educación ciudadana.
Una vez promulgada, las empresas y organismos involucrados tendrán un plazo de 60 días corridos para adecuarse a la nueva normativa y comenzar a exhibir la información exigida.
Ordenanza Aprobada
