El concejal rosarino Federico Lifschitz impulsó un proyecto para que el municipio realice una revisión integral de los permisos especiales de estacionamiento otorgados en la ciudad, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público, detectar situaciones injustificadas y garantizar que las franquicias respondan a necesidades concretas.
La iniciativa, presentada junto a la concejala Alicia Pino, plantea fiscalizar los espacios autorizados y solicitar al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre el estado actual de los permisos existentes.
El proyecto pone el foco sobre el régimen de Franquicias de Estacionamiento Reservado entre Discos, establecido mediante el Decreto 109/2000, que contempla espacios destinados, entre otros casos, a organismos públicos, instituciones, cuerpos consulares y establecimientos privados.
Según los fundamentos de la propuesta, el esquema necesita una actualización permanente que permita compatibilizar esas autorizaciones con la disponibilidad del espacio público y las actuales necesidades de movilidad de Rosario.
“Hablamos de permisos especiales de estacionamiento para dependencias públicas, instituciones, cuerpos consulares y establecimientos privados”, señaló Lifschitz.
El edil sostuvo además que “se deben cumplir criterios razonables y debidamente fundados. La continuidad de los permisos debe ser verificada y confirmada periódicamente”.
Fiscalización de los espacios reservados
El proyecto sostiene que el espacio público constituye un bien común y que su utilización debe responder a criterios de accesibilidad, igualdad, movilidad sostenible y convivencia urbana. En ese marco, considera necesario garantizar que los espacios reservados sean utilizados exclusivamente por quienes cuentan con la autorización municipal correspondiente y mientras se mantengan las razones que justificaron su otorgamiento.
La propuesta advierte además sobre la necesidad de evitar la ocupación indebida de sectores destinados al estacionamiento y plantea priorizar aquellas franquicias relacionadas con prestaciones esenciales, asistencia, salud, seguridad o actividades de interés institucional.
En ese sentido, Lifschitz plantea que una fiscalización periódica permitiría determinar si los permisos continúan respondiendo a las condiciones originales que motivaron su aprobación y, al mismo tiempo, liberar aquellos espacios cuya reserva haya perdido justificación.
El proyecto solicita concretamente que el Ejecutivo municipal gestione la fiscalización de los espacios de estacionamiento otorgados en todo el ejido de Rosario y remita al Concejo información actualizada sobre las autorizaciones vigentes.
Cuántos permisos existen y por qué fueron otorgados
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es conocer con precisión la dimensión actual del sistema. El informe requerido deberá especificar la cantidad total de permisos otorgados, su categoría y tipo, la justificación, los plazos de vigencia, horarios, días autorizados y la zona de la ciudad correspondiente.
También deberá detallar los criterios administrativos y técnicos utilizados para concederlos, el procedimiento aplicado, las normativas involucradas y la frecuencia con que son revisados.
Además, el proyecto incorpora un pedido para conocer cuántas solicitudes fueron rechazadas y cuáles fueron los motivos, junto con una evaluación sobre el impacto que los permisos existentes tienen sobre el orden, la disponibilidad de estacionamiento y la circulación en el espacio público.
Para Lifschitz, el objetivo es preservar el derecho de los vecinos a utilizar el espacio público y evitar permanencias injustificadas de reservas que eventualmente ya no respondan a la necesidad que dio origen al permiso.
Una revisión del sistema vigente
La propuesta no se limita a solicitar información. También encomienda al Ejecutivo evaluar una actualización del sistema de permisos especiales de estacionamiento, incorporando criterios vinculados con igualdad, accesibilidad, control, orden, movilidad y uso racional del espacio público.
El planteo apunta así a establecer un mecanismo de revisión permanente que permita distinguir aquellas reservas necesarias —especialmente las asociadas con servicios esenciales, asistencia, salud y seguridad— de situaciones en las que la autorización pueda haber perdido vigencia o fundamento.
Proyecto presentado
