Santa Fe contará con una herramienta estadística específica para conocer la dimensión y las características del trabajo informal en el territorio provincial. La Legislatura convirtió en ley el proyecto impulsado por la diputada justicialista Lucila De Ponti, que establece una medición periódica de la informalidad laboral a cargo del Estado provincial.
La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en mayo pasado y completó ahora su trámite legislativo. De acuerdo con su autora, Santa Fe será la primera provincia del país en implementar una herramienta estadística propia de estas características. «Santa Fe da un paso que ninguna otra provincia dio y decide encarar una realidad que el país entero prefiere no mirar», afirmó De Ponti.
El objetivo de la nueva ley es generar información que permita dimensionar con mayor precisión las diferentes modalidades de informalidad y brindar elementos para el diseño de políticas públicas orientadas a la formalización laboral.
«La informalidad ya dejó de ser una excepción y es hoy el rasgo estructural del mercado del trabajo. ¿Cómo podemos buscar soluciones si nadie la mide con precisión?», planteó la legisladora. En ese sentido, agregó: «Hay una economía que sostiene la vida cotidiana y de la que nadie quiere ocuparse, y sólo aparece como un slogan en las promesas de campaña. Pero alguien dijo una vez que no se puede conducir lo que no se conoce, y creemos que es así».
Una iniciativa que comenzó a debatirse en mayo
El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de mayo, cuando comenzó su recorrido legislativo. En aquella instancia se estableció como propósito construir información provincial regular sobre las personas que trabajan fuera del sistema formal, las actividades en las que se desempeñan y las características de esas relaciones laborales.
Con la sanción definitiva, la provincia avanza sobre una problemática que tiene una incidencia significativa en el mercado laboral argentino. Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la tasa de informalidad alcanzó el 43% de la población ocupada en los 31 aglomerados urbanos durante el cuarto trimestre de 2025.
Ese registro representa alrededor de 5,8 millones de personas con empleo informal dentro del universo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El INDEC incorporó desde abril de 2025 un informe técnico anual específico sobre informalidad laboral, a partir de cambios introducidos en la encuesta desde el cuarto trimestre de 2023.
De Ponti sostuvo que la legislación provincial busca adaptar las capacidades estatales a las transformaciones experimentadas por el mercado laboral. «Negar esa transformación o ignorarla no la hace desaparecer: solo nos deja gobernando a ciegas sobre un país que ya no existe», consideró. Para la diputada, «a la realidad se la cambia mirándola de frente, no haciendo de cuenta que es otra».
Cómo se realizará la medición en Santa Fe
La norma establece que el IPEC procesará los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (EPH-TU) elaborada por el INDEC. A diferencia de la EPH continua concentrada en 31 aglomerados urbanos, la modalidad Total Urbano amplía el relevamiento a localidades de 2.000 habitantes o más y permite obtener estimaciones provinciales de población urbana.
A partir de esa información, el Instituto Provincial de Estadística y Censos deberá elaborar un informe anual sobre las diferentes dimensiones de la informalidad laboral en Santa Fe, acompañado por un conjunto de indicadores específicos.
La desagregación prevista permitirá analizar las diferencias existentes dentro del fenómeno. «Van a fijarse indicadores por género, por edad, por región y actividad», explicó De Ponti.
La legisladora advirtió que considerar la informalidad como una categoría homogénea puede derivar en políticas que no respondan a las particularidades de cada sector. «A veces se mete todo en la misma etiqueta, y se terminan poniendo parches donde conviene, o donde es más fácil, o que entorpecen en vez de colaborar. Para formalizar de verdad hay que entender bien qué está pasando, a quiénes les pasa y cómo», señaló.
La ley persigue así un doble propósito: proporcionar información para diseñar políticas de formalización y reconocer el peso del sector informal dentro de la estructura económica. Con la sanción definitiva, la iniciativa que había comenzado su recorrido parlamentario en mayo pasa a convertirse en una herramienta permanente del sistema estadístico provincial.
