La creación de la Asociación Civil Perseverar y el financiamiento que recibió por parte del gobierno provincial se convirtieron en motivo de polémica y cuestionamientos políticos. La entidad fue constituida en enero de 2025 y, apenas dos meses después, en marzo, obtuvo un convenio con la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) por un monto de $1.033.050.000.
Las sospechas se acrecientan cuando en la nómina de integrantes de la asociación aparecen personas relacionadas al partido UNO del diputado provincial y convencional constituyente Walter Ghione, uno de los espacios aliados de Unidos. Las sospechas por la rápida adjudicación de los fondos se acrecientan cuando se pone el foco en las autoridades de la organización Perseverar. Puntualmente, en los nombres de Alejandro Chacoma y Hernán Rodrigo Granados, que figuran como vocal titular y vocal suplente de la entidad. ¿Qué tienen en común? Su cercanía al partido UNO del diputado provincial Walter Ghione, que integra la alianza Unidos. Dentro del gobierno, el espacio del pastor evangélico hoy maneja áreas como la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ) y, también, la Aprecod.
El diputado Walter Ghione junto al gobernador Maximiliano Pullaro.
Los fondos
Según la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), la Asociación Civil “Perseverar” se constituyó el 31 de enero del 2025 y tiene su domicilio en una oficina de calle España 713, en Rosario. Apenas dos meses después, el 31 de marzo de este año, está fechada la resolución del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, a cargo de la ministra María Victoria Tejeda, donde se celebra el convenio con la asociación, por el período comprendido entre el primero de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
La asignación hace ruido por la magnitud de los fondos. En lo que va del 2025, la Aprecod asignó fondos a 17 entidades dentro del programa Redes de Cuidado, siendo Perseverar la que recibió más recursos. Las entidades que le siguen en el listado recibieron fondos sustancialmente menores: la Asociación Civil “La Alborada” recibió $460.428.000 y la Asociación Civil “Cambiar” recibió $279.496.000. El primer monto también refiere a un convenio por un año, mientras que el segundo es por seis meses.
En tanto, si se amplía la mirada a 2024, la organización rosarina sigue apareciendo entre las más beneficiadas, a la par de otras entidades con mayor recorrido. Entre ellas la cooperativa de trabajo rosarina “Communitas” que recibió $1.048.378.000 por un convenio de un año; o la asociación civil “Nazareth”, que desde septiembre del año pasado mantiene un convenio por $1.023.904.000. Ambas organizaciones sostienen una trayectoria trabajando en la asistencia, prevención, investigación y capacitación de la problemática vinculada a adicciones.
Pedido de informes
El caso encendió las alarmas en la Legislatura provincial. El diputado Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle los fundamentos técnicos y legales que justificaron la asignación de más de mil millones de pesos a una organización con apenas dos meses de existencia al momento del otorgamiento, qué acciones se financiarán con el aporte, qué población y qué localidades serán alcanzadas, y cuáles son los antecedentes y la experiencia de los integrantes de la asociación en materia de adicciones. El pedido formaliza asimismo la solicitud de remisión del expediente de constitución por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, así como un relevamiento completo de los criterios de selección, distribución territorial, asignación de montos y mecanismos de publicidad, transparencia y control aplicados por Aprecod.
Diputado Miguel E. Rabbia
La adjudicación millonaria a una entidad sin experiencia comprobable generó un amplio consenso para reclamar explicaciones. El pedido de informes fue acompañado con la firma de distintos legisladores: Omar Perotti, Marcos Corach, Sonia Martorano, Walter Agosto (Hacemos Santa Fe); Verónica Baro Graf (Frente Renovador); Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), Alicia Azanza, Amalia Granata y Silvia Malfesi (Somos Vida), lo que refleja la trascendencia del tema y la preocupación por la forma en que se distribuyen los recursos destinados a una problemática sensible para la sociedad.
La conjunción de una asociación creada en tiempo récord, el otorgamiento de una suma extraordinaria de dinero y la presencia de dirigentes políticos en su conducción alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso. La situación pone en debate no solo el caso puntual de Perseverar, sino también los mecanismos de control y auditoría de los subsidios provinciales, en un área clave como la prevención de adicciones que demanda respuestas serias y políticas sostenidas en el tiempo.
Proyecto de Comunicación presentado por Miguel E. Rabbia
Aprecod defendió el convenio con la asociación Perseverar pero no disipó las dudas
La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) brindó este viernes una conferencia de prensa en Santa Fe para explicar los alcances del convenio firmado con la Asociación Civil Perseverar por más de mil millones de pesos, a tan solo dos meses de su constitución oficial.
El titular del organismo, Luciano Sciarra, sostuvo que se trata de un contrato anual en el marco del programa Redes de Cuidado, que se ejecuta mensualmente “contra la contraprestación de un servicio”. Según aclaró, no se trata de un subsidio sino de una contratación de servicios profesionales vinculados al abordaje de adicciones, que se facturan y abonan solo después de cumplir con los controles administrativos, legales y terapéuticos correspondientes.
Sciarra remarcó que muchas organizaciones que trabajan en el territorio carecían de personería jurídica y que el gobierno las alentó a regularizar su situación para poder celebrar convenios con el Estado. “No siempre la trayectoria está ligada a la antigüedad de una personería jurídica”, afirmó, en alusión a las críticas por la rapidez con que Perseverar accedió al acuerdo. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre las tareas específicas que realiza la entidad ni sobre su experiencia previa en el área.
Diputado Walter Ghione y el titular de Aprecod, Luciano Sciarra.
Pedido de informes en la Legislatura
El convenio quedó bajo la lupa a partir de un pedido de informes presentado en la Legislatura por el diputado peronista Miguel Rabbia, quien pidió conocer los criterios técnicos y legales que fundamentaron la decisión, así como los antecedentes de trabajo de la institución en el campo de las adicciones. “Es una institución que no tiene ninguna evidencia de trabajo en una cuestión sensible como son las adicciones”, advirtió el legislador.
El monto comprometido es de $1.033.050.000 para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
La respuesta de Ghione
El diputado provincial Walter Ghione, referente del partido UNO y responsable político del área de adicciones dentro de la alianza Unidos, también se refirió a la polémica. Reconoció que integrantes de su espacio forman parte de la asociación Perseverar, aunque negó cualquier tipo de irregularidad.
“Soy responsable de las líneas políticas, pero no administro ni gestiono el Aprecod”, aclaró. “Las organizaciones que trabajan con la agencia pertenecen a distintos colores políticos. El hecho de que Perseverar haya firmado un convenio a los dos meses de su constitución no invalida su labor; lo importante es la respuesta rápida del Estado en un tema tan delicado”, sostuvo.
Entre las autoridades de la entidad figuran Alejandro Chacoma, vicepresidente segundo de UNO e integrante del equipo de Ghione, y Hernán Rodrigo Granados, quien fue candidato en la lista “Somos UNO” para el Concejo de Rosario. El legislador subrayó que no se trata de funcionarios del Estado, sino de personas de su equipo partidario y de trabajo: “Ellos no se benefician de nada; los beneficiarios son quienes necesitan ayuda. El informe seguramente será respondido, pero lamentablemente creo que hay otras intenciones detrás”.
A la espera de que la Legislatura avance con el pedido de informes, persisten los cuestionamientos sobre la oportunidad, el monto y la falta de antecedentes públicos de la asociación beneficiada.
