Los ejecutados fueron Kazuo Shinozawa, acusado de asesinato múltiple en el año 2000; y Hidenori Ogata, implicado en un doble asesinato en 2003, según el Ministerio japonés de Justicia.

Junto con los EEUU, Japón es la única nación industrializada y democrática que mantiene la pena de muerte, sin aviso previo a los condenados, sin testigos y en la horca, precisó el diario español El Mundo.

La aplicación de la pena máxima pone fin a una moratoria "de facto" que se mantenía desde que llegó al poder el Partido Democrático de Japón (PD), que arrasó en las elecciones de agosto del año pasado y que nombró como ministra de Justicia a la conocida abolicionista y abogada Keiko Chiba.

Chiba, que no había firmado ninguna pena de muerte hasta las aplicadas hoy, estuvo presente en las ejecuciones.

Su llegada al Ministerio de Justicia había levantado grandes expectativas entre organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI), que hoy lamentó "profundamente" las ejecuciones.

"Ha sido un gran revés. Creemos que las dos ejecuciones han estado motivadas políticamente", dijo a Efe una portavoz de AI.
 
La última ocasión en la que Japón había ejecutado a condenados fue el 28 de julio del año pasado, cuando tres reos fueron ahorcados con el Partido Liberal Demócrata (PLD) aún en el poder.